El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño permite al Vaticano la entrega del ex nuncio Josef Wesolowski a República Dominicana donde aguarda un proceso por abuso sexual contra menores durante su ejercicio clerical aquí.
A esa conclusión llegó el Observatorio Jurídico Dominicano de Funglode que realizó un análisis sobre extraterritorialidad de la aplicación de la ley penal y civil a cargo de su coordinador Junior Santa y de Héctor Peña.
Santana, entrevistado en Propuesta de la Noche por Digital 15, aseguró que cuando un Estado deniega a otro una petición de extradición por la inexistencia de tratado entre ellos podrá fundamentarla jurídicamente en el Protocolo.
“El Vaticano, Italia en este caso, puede incluso aplicar la ley penal en su territorio e intentar aplicar la convención y en último momento condenarlo allá en base a las pruebas aportadas por el estado dominicano, el que declinaría los procesos penales llevados aquí”, explicó.
Recordó que cuando Wesolowski aún estaba en el país el Estado respetó su inmunidad porque la Convención de Viena de 1961 no lo autoriza a aplicar en estos casos la jurisdicción penal, civil y menos administrativa, que es por lo que dijo es procesado Wesolowski en el Vaticano.
Santana agregó que tras salir del país y luego de que El Vaticano le retirara su estado clerical a laico es cuando surge la posibilidad de que el Estado pueda ejercer su jurisdicción bajo sindicación de abuso sexual.
“Esta posibilidad se le presenta también a Ecuador y a Polonia, su propio país, donde Wesolowski ha cometido la misma infracción y en las mismas condiciones que aquí en la República Dominicana”, comentó Santana.
Reconoció a la Procuraduría General haber hecho grandes esfuerzos como solicitar la captura y la denuncia internacional contra el ex nuncio pero observó que cuando debió ejercer su facultad de órgano investigativo y establecer vínculos de cooperación con otros estado carecía entonces de la vía establecida por el Observatorio.
Apostó a que en el país existe hasta un ochenta por ciento de probabilidades de que el ex nuncio pueda ser condenado si se le extradita pero que la propia convención otorga en este caso a Italia también la facultad de ejercer la jurisdicción penal.
“El proceso que el Vaticano sigue al ex nuncio no es penal sino administrativo, el retiro de su condición clerical a laica para que no ejerciera influencia sobre las pruebas en su contra, lo que él apeló”, dijo Santana.