IRAZOLA, Perú. En su candidatura por la Gobernación de la región de Ucayali, Manuel Gambini menciona reiteradamente los elogios del Gobierno estadounidense hacia él por impulsar el cultivo de cacao en lugar de hoja de coca en esta conflictiva zona productora de cocaína.
Sin embargo, este político al que alguna vez la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) describió como un “socio nuevo y dinámico” es ahora investigado por lavado de dinero; amasó una cuantiosa fortuna incompatible con su pequeño sueldo de alcalde.
Gambini figura entre los centenares de candidatos en las elecciones locales y estatales que supuestamente han recibido dinero del narcotráfico, fenómeno que amenaza con secuestrar la democracia en un país que hace dos años se convirtió en el mayor productor de cocaína en el mundo.
La infiltración del dinero del narco en la política de Perú es tan descarada y generalizada que podría compararse con las condiciones que antecedieron a las matanzas que empañaron el ambiente político en México y Colombia.
“Nosotros somos ahorita un vil espejo de lo que fue Colombia como lo dije y de lo que es México hoy en día”, dijo Sonia Medina, la procuradora antidrogas de Perú. Perú registra muchísima menos violencia que esos países, pero los asesinatos relacionados con las drogas han aumentado desde mediados de la década de 2000, cuando traficantes colombianos y mexicanos empezaron a llegar en números mayores.
Uno de cada tres electores peruanos vive en alguna región cuyos candidatos son investigados, enjuiciados o recibieron alguna sentencia por algún delito relacionado con las drogas. Medina dijo que su despacho ha identificado a 700 candidatos que se encuentran en tal situación.
Gambini, de 43 años, excocalero, figura entre al menos siete candidatos a presidencias regionales —una cuarta parte de las 24 regiones de Perú— a los que se investiga por delitos relacionados con el tráfico de narcóticos.
Una lista separada de “narcocandidatos” que compiló el ministro del Interior contiene 124 nombres, incluidos dos presidentes regionales (gobernadores).
Destaca la alcaldesa Silvia Cloud, cuyo esposo es un jefe narcotraficante al que busca la ley en el valle del Alto Huallaga, centro del tráfico global de cocaína.
En el distrito de Irazola, uno de los colaboradores de Gambini se ha postulado para alcalde aun cuando pesa sobre él una condena por tráfico de cocaína. Es el tesorero del distrito desde 2009.
El presidente de la región de Huánuco, Luis Picón, que pretende reelegirse, enfrenta investigaciones por tráfico de drogas, evasión fiscal, malversación y enriquecimiento ilícito, que incluyen depósitos de cuatro millones de dólares que despiertan las sospechas y se hicieron en su mayoría en efectivo a compañías que poseen él y dos de sus hermanos, de acuerdo con un informe de los investigadores financieros.
Picón, que proviene de la zona cocalera central del país, rechazó las afirmaciones de Medina de que las empresas de las que es dueño no son rentables y que éstas se sostienen con ingresos ilícitos.
Picón declaró a The Associated Press que estaba más que complacido de cooperar en este tipo de investigación, al término de un acto de campaña que tuvo lugar el pasado fin de semana en las afueras de Huánuco, la capital homónima de la región de la que es gobernante. Declaró que los depósitos inusuales de efectivo que se mencionan se tienen que “investigar científicamente”.
Sin embargo, la procuradora Medina dijo que Picón se ha resistido a cooperar en todo momento en la pesquisa por lavado de dinero, emprendida en 2010 y a la que un fiscal local intentó dar carpetazo en 2013. Es lo que ocurre siempre, señaló Medina.
Gambini se postuló para el máximo cargo en la región selvática de Ucayali, vecina de la de Huánuco, después de que el presidente regional quedara marginado electoralmente por una investigación relacionada con el lavado de activos y que acaparó titulares en la prensa nacional.
Gambini ha sido alcalde durante dos periodos en Irazola, un distrito agrícola pobre donde los Andes se juntan con la Amazonia; se enriqueció él mismo, así como sus parientes y “cercanos vinculados al tráfico ilícito de drogas”, según la apertura de una investigación preliminar de ocho páginas publicada el 29 de agosto por lavado de dinero y de la cual AP obtuvo una copia.
Según documentos adicionales, Gambini adquirió personalmente 10.000 hectáreas (38 millas cuadradas) de tierra, parte de la cual podría tener cocales, dos casas por 180.000 dólares y la presidencia de un equipo regional de fútbol, cuya nómina mensual rebasa el equivalente a 50.000 dólares.
Como alcalde, tiene una paga menor al equivalente a 2.000 dólares.
Desde que Gambini se convirtió en funcionario en 2007, según la orden, al parecer escondió su riqueza mediante su hermano y varios allegados. “De ser simples agricultores por más de 10 y 20 años (éstos) han pasado a ser potentados económicamente”, son dueños de diversas propiedades así como de camionetas deportivas y camionetas de trabajo pesado último modelo.
Durante un acto político celebrado la semana pasada y en el que se repartió cerveza fría con hielo, Manuel Gambini refutó las acusaciones en su contra y las describió como mentiras inventadas por sus enemigos políticos.
Dijo que es propietario de 130 hectáreas (media milla cuadrada) y que antes de ser alcalde tenía un aserradero. Afirmó que dejó de cultivar coca en 2003 con el apoyo de la USAID.
