El gobierno dominicano dijo que fijará a más tardar el viernes su posición con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La información la suministró el portavoz y director general de Comunicación del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, tras la condena de que fue objeto el Estado dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000.
Rodríguez Marchena, informó que la sentencia, de 160 páginas, “merece un estudio ponderado y con sumo cuidado” porque involucra a otros poderes del Estado, que son el de Justicia y el Legislativo.
Dice que el estudio lo hacen “con la más absoluta serenidad”, debido a que tienen que manejarse “con sumo cuidado y con suma prudencia” para no interferir en las prerrogativas de los poderes de Justicia y del Congreso.
El fallo señala que el Estado dominicano debe “regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres”.
Los jueces de la CIDH ordenaron a República Dominicana adoptar las medidas necesarias en un plazo de seis meses, para que Willian Medina, Awilda Medina y Luis Ney Medina cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana.
También deberá realizar los trámites para que Víctor Jean, Miguel Jean, Victoria Jean y Natalie Jean sean debidamente registrados y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicanas.
Además, debe garantizar que Marlene Mesidor pueda residir o permanecer en forma regular en el territorio de República Dominicana.
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