SANTO DOMINGO, República Dominicana. A ritmo de merengue y mesas de dominó la carpa verde se mantiene en la zona del Centro de los Héroes en reclamo de que termine la impunidad que ha permitido a algunos políticos y empresarios a lucrarse en perjuicio de las mayorías a través de contratos dolosos contra el Estado y para que se castiguen los actos de corrupción. El caso Odebrecht es su punta de lanza.

 

“Para nosotros este campamento verde por la dignidad y la esperanza es un foco de luz”, afirma Manuel Robles, dirigente del Movimiento Marcha Verde que desde el pasado viernes 8 de junio.

 

De acuerdo con el activista, la instalación de este campamento en la zona de los edificios que albergan las sedes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional “expresa el rechazo de la sociedad dominicana a la burla inaceptable del Gobierno dominicano a través del Ministerio Público en el caso de Odebrecht”.

 

El movimiento cuestiona que de 14 imputados que en principio fueron señalados por la Procuraduría General de la República (PGR) sólo el empresario Angel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga, el exsenador Andrés Bautista, el exdiputado Jesús Vásquez, el sendor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán, el exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa.

 

“No hay nadie en este país que pueda creer que ese expediente responda a una real investigación”, aseguró Robles.

 

Cree que “no es casual” que hayan sido archivados los expedientes contra el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el senador Julio César Valentín y el exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, por ser estos miembros del comité político del oficialista PLD.

 

Sin embargo, Robles consideró que “una gran ventaja” del caso Odebrecht es que su carácter regional permitiría hacer comparaciones sobre los procesos judiciales llevados a cabo en países como Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela o Estados Unidos.

 

En la carpa algunos activistas han pernoctado desde el primer día y afirman que se mantendrán allí “hasta que sea necesario” en reclamo de que se amplíe la investigación sobre el caso Odebrecht y sean mencionados los nombres de exfuncionarios y funcionarios activos que supuestamente tendrían algún tipo de vinculación con el entramado de corrupción que movió 92 millones de dólares en sobornos en el país.