WASHINGTON. El comisionado residente de Puerto Rico en Estados Unidos, Pedro Pierluisi, defendió este jueves ante un subcomité en el Congreso de EEUU una iniciativa para que las empresas públicas insolventes de la isla puedan reestructurar sus deudas bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras estadounidense.
Pierluisi compareció ante un subcomité judicial en la primera sesión legislativa convocada para tratar el tema de la crisis fiscal que afecta a la solvencia de algunas corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Carreteras y Transportación (ACT) y Acueductos y Alcantarillados (AAA).
El comisionado defendió que en Puerto Rico, “donde la unidad tiende a ser rara”, el proyecto HR 870 ha recibido el respaldo de políticos de distinto signo, académicos, asociaciones comerciales, así como de ambas cámaras del congreso puertorriqueño.
El proyecto busca que se permita al Gobierno de Puerto Rico, igual que al de los estados, autorizar a sus corporaciones públicas a utilizar el método del Capítulo 9, bajo la supervisión de un juez federal de quiebras.
El objetivo dijo es evitar un “escenario de caos” ante la posibilidad de que se abran “un sinnúmero de litigios para cobrar a las entidades” que adeudan a los bonistas.
“Eso no sería bueno para nadie, no sería bueno para la autoridad ni para los acreedores porque afectaría a sus operaciones y a su viabilidad”, indicó tras la audiencia en declaraciones a Efe.
En la actualidad, bajo el Capítulo 9 del Código federal de Quiebras, los gobiernos estatales pueden autorizar a sus entidades públicas a acogerse a la ley federal para reestructurar su deuda.
Sin embargo, Puerto Rico fue excluido del término “estado” para propósitos del Capítulo 9, por lo que su Gobierno no tiene potestad para autorizar a sus corporaciones públicas a solicitar esa protección provista por la ley federal.
Puerto Rico se enfrenta a una deuda de 73.000 millones de dólares.
El presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, asistió a la audiencia para acentuar el respaldo a la medida y presentó un testimonio escrito en el que pidió apoyo al Congreso para enfrentar esta situación porque “la posibilidad de insolvencia es real”.
En la audiencia compareció un panel de expertos compuesto por el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan John Pottow; el director general de Municipal Market Analytics, Robert Donahue; la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, que testificaron a favor del proyecto.
Acosta advirtió que si las corporaciones públicas no pagan sus obligaciones y no hay ningún marco jurídico, “los acreedores pueden iniciar una carrera hacia los tribunales y buscar que se nombre un administrador judicial y reclamar a la Comisión de Energía de Puerto Rico una revisión de las tarifas por encima de las actuales”.
También testificó, pero en contra, Thomas Maoers Mayer, representante de varios fondos gestionados por el grupo Franklin Municial Bond y OppenheimerFunds, que tienen 1.600 millones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Mayer señaló que la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9 “causaría más mal que bien” por lo costoso y prolongado del proceso.
Además enfatizó que “hay buenas razones por las cuales los estados tienen acceso al capítulo 9 y Puerto Rico no”.
“El Congreso decidió dar a los bonos de Puerto Rico una exención contributiva a nivel nacional, un beneficio que no tiene ningún estado”, señaló Mayer, que criticó el gran número de subvenciones que la AEE ofrece a las entidades públicas de la isla y consideró que la compañía debería subir sus tarifas en términos generales.
