Roberto RosarioSANTO DOMINGO, República Dominicana. La Junta Central Electoral (JCE) decidió la tarde de este miércoles suspender la asignación del fondo de gestión social a los legisladores, mejor conocido como “barrilito” en el Senado y “cofrecito” en la Cámara de Diputados, hasta el mes de junio del presente año, cuando finalizan los tres meses oficiales de la campaña.

La decisión fue tomada luego de la reunión de los miembros del organismo reunidos en pleno, en atribución “de sus facultades legales”. El organismo electoral puso a cargo de las autoridades administrativas de ambas cámaras la ejecución de la medida.

También solicitó a la Cámara de Cuentas velar por el cumplimiento de esa disposición, y que al finalizar el período electoral rinda un informe del cumplimiento de esta medida.

Con relación a la denuncia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que denunció un uso excesivo en publicidad durante el mes de enero, dice que durante ese mes aún no se había dictado la proclama electoral, por lo que investigar esa denuncia corresponde a otros organismos del Estado, como la Contraloría General de la República.

Sobre las solicitudes hechas por los partidos Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Alianza País para que la JCE intervenga ante el supuesto uso de los recursos del Estado en campaña por parte del Gobierno y el uso equitativo de los medios de comunicación, el Pleno consideró extemporáneo cualquier medida sobre ese tema porque aún no se han inscrito los candidatos a cargos electivos.

Amonesta a Marchena

El pleno de la Junta Central también decidió una admonición pública, en la persona de Roberto Rodríguez Marchena, en su calidad de responsable de la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia, desde donde se originó un tuit que decía que la oposición no tenía nada que buscar en el Sur, de lo que se quejó la Fuerza Nacional Progresista.

La JCE, a raíz de eso, dispuso además, que en las cuentas de los órganos del Estado, “sean éstas de los tres Poderes clásicos, o de cualquier otro organismo estatal; tales como páginas web, cuenta de Twitter, Facebook, o cualquier otra de las herramientas de trabajo en las redes sociales, de uso oficial de las instituciones públicas, sus administradores deben abstenerse de utilizar estas plataformas para difundir mensajes o imágenes que se identifiquen con un candidato, partido u organización política, sea de manera abierta o subliminal, directa o indirecta”.